La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía acudió a un encuentro histórico con regantes tradicionales de la Región de Murcia para poner de manifiesto que la guerra del agua no es entre comunidades; sino contra los intereses particulares de una serie limitada de empresarios agroindustriales y del Gobierno de la Región, que les ampara.

Reunidos en Albacete, ribereños y agricultores tradicionales mantuvieron un fructífero encuentro de opiniones, en el que primó sobre todo el entendimiento. El problema viene de arriba, de quienes no facilitan el acceso a otras fuentes de agua, como la desalada, para favorecer los intereses económicos de quienes manejan el Trasvase a su antojo. Los regantes denunciaron las prácticas corruptas de quienes llevan más de dos décadas gobernando en la Región de Murcia. Un escándalo que ya no hay quien lo oculte, con peces y crustáceos muriendo por millares a los pies de los turistas.

Así, los municipios ribereños acordaron sumarse a la reivindicación de los regantes sobre el agua desalada, con la campaña “Si soy desalá, a 30 céntimos n’a más”, con la que los agricultores buscan un abaratamiento del precio que les permitiría desistir en gran medida a la mayoría de los municipios de agua del Trasvase.

“Es una cuestión de costes, que al Gobierno de López Miras nunca le ha interesado resolver”, afirmaron los regantes. “Es un problema de sillones, la mentira del ‘Agua para todos’ les mantiene arriba porque son los empresarios los que les colocan en el Gobierno”.

“Prácticamente, con las desaladoras podría cerrarse el Trasvase o, por lo menos, minimizarse brutalmente. Pero no interesa a quienes manejan el dinero. El agua ‘moja’ todo aquel sitio por donde pasa”, comentaron en referencia al poder del dinero.

50.000 hectáreas de regadío ilegal

Si bien es cierto que existen ciertas zonas que solo pueden regarse con agua del Trasvase, algo que también dejaron claro, el consumo sería muchísimo menor. Máxime si se tiene en cuenta otra de las denuncias de los propios regantes murcianos, que afirmaron conocer la existencia de cerca de 50.000 hectáreas de regadío ilegal roturado por las grandes corporaciones agroindustriales que han hecho de la Región su cortijo particular, “con el beneplácito de unos políticos aupados al poder por los mismos aguatenientes y su dinero”.

Según denunciaron, mientras que al pequeño agricultor se le persigue con saña, impidiéndole perforar pozos o regularizar desaladoras, a los grandes empresarios se les permite roturar nuevos regadíos sin cesar y prácticas que han llevado a la situación actual que sufre el Mar Menor. “Se ha querido denunciar dónde se pierde el agua y el Gobierno hace oídos sordos”, clamaban mientras trataban de explicar la sinrazón de que, a día de hoy, mientras se reclaman decretos de sequía, se roturan nuevos campos.