El Tribunal Supremo ha propinado un vuelco definitivo a la gestión hídrica en España al rechazar de forma íntegra el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). La resolución judicial zanja el debate jurídico sobre el acueducto y ratifica los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo, priorizando la conservación medioambiental del eje fluvial frente a los aprovechamientos agrícolas y económicos del Levante.

La sentencia dictamina que los caudales mínimos del río constituyen una restricción ambiental de carácter general que prevalece de manera absoluta sobre las transferencias de agua, por lo que el Gobierno central dispone ahora de vía libre para acometer la modificación inmediata de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La resolución impone además las costas del proceso a la organización de regantes, desmontando los argumentos de indefensión y motivaciones políticas esgrimidos de forma reiterada por el sector agrario levantino.

El fallo ha sido recibido con enorme satisfacción institucional en Castilla-La Mancha. El presidente regional, Emiliano García-Page, y los representantes de la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía coinciden en calificar la decisión judicial como una victoria histórica que blinda el patrimonio natural de Cuenca y Guadalajara, forzando un marco de gestión hídrica sostenible adaptado a las exigencias del cambio climático.

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