La investigación para evaluar la viabilidad de un yacimiento de oro en el corazón de la Sierra Norte de Guadalajara ha desatado una tormenta legal y social sin precedentes en la comarca. La iniciativa, que se extiende sobre cerca de 15.000 hectáreas y amenaza directamente a más de 40 kilómetros de cauces fluviales, afecta al territorio de una veintena de municipios, entre ellos San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque, Medranda, Atienza y Sigüenza. Aunque no todos han presentado alegaciones formales, sí existe un rechazo generalizado que ha unido a ayuntamientos, asociaciones y colectivos vecinales en la defensa de su territorio.

La empresa Oroberia Recursos S.L. ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha tres permisos de investigación —denominados GUA, DALA y JARA— que en conjunto suponen una inversión superior a los 3,5 millones de euros en un plazo de tres años. Ecologistas en Acción, ayuntamientos y colectivos estiman que, si los resultados fueran positivos, la empresa optaría previsiblemente por una explotación a cielo abierto, técnica habitual para este tipo de mineralizaciones de baja ley (oro diseminado en roca). Esta advertencia se recoge en las alegaciones presentadas y se fundamenta en lo que la propia documentación ambiental reconoce sobre el posible tratamiento metalúrgico (lixiviación con cianuro).

Ello supondría el desarrollo de una de las actividades extractivas más agresivas, con movimiento masivo de tierras y posible construcción de balsas de estériles, que pondría en jaque la economía local basada en la agricultura, la ganadería y el turismo rural, señalan en sus alegaciones.

La voz de los alcaldes

El temor a ese impacto lo resumen con claridad los responsables municipales. La alcaldesa de San Andrés del Congosto, Concepción Trujillo, advierte: “Tendría un enorme impacto medioambiental, en el ámbito de flora, fauna, fuentes, patrimonio locales y la Red Natura 2000”.

En Pinilla de Jadraque, su alcalde, Laureano Magro, se muestra igual de contundente: “Si lo hacen a cielo abierto, destrozan toda la naturaleza. Si no lo paramos antes, después va a ser mucho peor”. Identifica el agua y la agricultura como los principales damnificados.

En Medranda, el regidor Ramiro Magro, con experiencia como exdiputado de Obras y Servicios en la Diputación de Guadalajara, insiste en la necesidad de frenar el proyecto desde el principio: “Nuestra idea casi es que no queremos ni que empiecen. Si la investigación avanza y se detecta una rentabilidad suficiente, ante eso sí que ya lo tendríamos oscuro”. El alcalde recuerda que el permiso apenas roza a su municipio con un sondeo, pero teme la contaminación de manantiales y la afección a vestigios culturales visigodos y tardorromanos. También recela de las promesas de empleo: “Vender ‘motos’ en un territorio que carece de personal cualificado para este tipo de industria”. Medranda ya tiene la experiencia de haber conseguido paralizar una cantera de yeso a principios de los años 2000.

Un triple frente: GUA, DALA y JARA

El permiso GUA es el más avanzado. Con un presupuesto de 1,2 millones de euros sobre 2.800 hectáreas y un impacto directo en 10 kilómetros de cauces fluviales, afecta a San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda. Aquí, vecinos de los cuatro municipios han presentado alegaciones conjuntas centradas en la amenaza a las captaciones de agua potable, a hábitats de alto valor ecológico y a elementos del patrimonio rural como fuentes tradicionales, colmenares y caminos históricos. Además coincide con el Lugar de Interés Geológico del embalse de Alcorlo

El proyecto DALA, en fase de información pública, incide en 8 kilómetros de cauces fluviales y se extiende por Hiendelaencina, Congostrina, Pálmaces de Jadraque, Robledo de Corpes, Atienza y La Bodera. En este caso, son asociaciones vecinales y culturales, junto con colectivos ganaderos, quienes han liderado las alegaciones, denunciando la fragmentación de hábitats y la pérdida de viabilidad para el sector primario. Ecologistas en Acción ha advertido además de que el permiso se solapa con áreas de especial sensibilidad ambiental.

El permiso JARA, el más extenso, afecta a 250 cuadrículas mineras y cuenta con un presupuesto superior a 2 millones de euros. Su documento ambiental reconoce la afección a 22 kilómetros de cauces fluviales, montes de utilidad pública y hábitats comunitarios. Los municipios implicados son La Miñosa, La Bodera, Atienza, Riofrío del Llano, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque. Las alegaciones, presentadas por Ecologistas en Acción y colectivos de Sigüenza, advierten que “la superficie incluye hábitats comunitarios y zonas Red Natura, lo que hace incompatible cualquier intervención de este tipo”.

Riesgos ambientales y jurídicos

El riesgo ambiental es la piedra angular de la oposición. Los documentos de alegaciones subrayan que la excavación a cielo abierto expondría sulfuros al aire y al agua, desencadenando Drenaje Ácido de Minas (DAM), un proceso de acidificación capaz de movilizar metales pesados como arsénico o cadmio hacia acuíferos y ríos. Además, la baja concentración de oro en la zona obligaría a recurrir a la lixiviación con cianuro, un compuesto de toxicidad extrema que, según el estudio Impactos de la minería metálica sobre ecosistemas acuáticos y terrestres (Geoinnova-UCM, 2024), representa “una amenaza directa y persistente para la potabilidad del agua y la vida acuática”.

La preocupación vecinal se extiende también al ruido, las emisiones de polvo y el tránsito de maquinaria pesada por caminos históricos y vías pecuarias. Según las alegaciones, estos impactos afectarían a aves y mamíferos sensibles y comprometerían actividades económicas como la apicultura, la caza y el turismo rural.

En el plano legal, los opositores recuerdan que el artículo 66 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978) exige que los permisos de investigación especifiquen metodología, cronograma y volúmenes de trabajo. Según los escritos municipales, la documentación de Oroberia no detalla con precisión estos extremos. La Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha es aún más clara: “la autorización ambiental se denegará cuando se prevean impactos significativos sobre hábitats de interés comunitario o espacios protegidos de la Red Natura 2000”.

El precedente de la mina de Salave (Asturias), rechazada en 2014 por el Ministerio para la Transición Ecológica al concluir que el depósito de lodos podía afectar gravemente al dominio público hidráulico, refuerza la posición de los opositores.

Precedentes de lucha en Castilla-La Mancha

La oposición al proyecto confía en que la Junta rechace los permisos, apoyándose en la trayectoria política reciente. El recuerdo del fracking está muy presente: la Ley Antifracking impulsada en Castilla-La Mancha permitió extinguir el permiso “Cronos” que contemplaba catas mediante fractura hidráulica en Guadalajara y Soria. Otro precedente es la batalla contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, un proyecto multimillonario que la Junta frenó con el respaldo de plataformas ciudadanas.

El alcalde de Medranda lo resume así: “Nuestra idea es que no empiecen ni a investigar”. Para muchos vecinos, el caso del fracking demuestra que la presión social y la legislación ambiental pueden frenar proyectos extractivos de gran impacto.

 

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