La operaración, a nivel nacional se salda con 69 detenidos, que regularizaron a un millar de ciudadanos de Asia. 

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol, han desmantelado dos organizaciones criminales y han detenido a 69 personas, 35 de ellas integrantes de las organizaciones criminales desmanteladas, que disponían de una infraestructura con la que llegaron a regularizar a más de 1.000 ciudadanos mediante contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos llegando a conseguir beneficios por unos cinco millones de euros.

Las organizaciones criminales, según informa la Policía Nacional en un comunicado, asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación en aras de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, obteniendo en contraprestación el cobro de entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.

La investigación, que ha contado con la colaboración de EUROPOL, se ha llevado a cabo en dos fases. La primera fase ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

La segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.

La Policía Nacional ha realizado cinco diligencias de entrada y registro, dos en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara, en las que se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

Los principales responsables de la red criminal eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir. Los implicados también aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo.

Además, las organizaciones contaban con la colaboración de despachos de abogados , quienes recibían una contraprestación económica por parte de los líderes de la organización, cuya cantidad oscilaba entre los 500 y 1.000 euros por cada persona. Los acusados aportaban documentación falsa a ciudadanos chinos que simulaban viajar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D. Además, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad. Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia, dependiendo del mecanismo utilizado para la obtención de su regularización.