Algunos agricultores murcianos tienen una doble fuente de suministro en plena sequía: El agua del trasvase y los pozos que explotan de forma ilegal. Y no es la primera vez que sucede.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Mizu III”, ha investigado o detenido a 92 personas en toda España por la comisión de 106 delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, defraudación de aguas y fluido eléctrico. En la operación se han realizado 1.724 inspecciones en diversas explotaciones y 326 controles. 

En la ejecución de los referidos controles e inspecciones se han detectado un total de 1.342 infraestructuras ilegales asociadas a la captación ilegal de aguas. Más del 80 % de estas infraestructuras se corresponden con pozos y sondeos, encontrándose también otras infraestructuras de captación ilegal de aguas de diversa naturaleza (balsas, canalizaciones de riego y cauces de ríos o arroyos). Las principales conductas irregulares detectadas son la carencia de autorizaciones, la distracción de agua de su curso sin autorización, carencia de medidas de seguridad o la manipulación, mal funcionamiento o carencia de contadores volumétricos.

Dentro del operativo, se han llevado a cabo dos actuaciones que afectan a MURCIA:

Operación “UNDERWATER”.  El Seprona, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, realizó 53 inspecciones agrícolas en la zona de influencia de la rambla Ramonete (Mazarrón-Murcia). Como resultado se identificaron un total de 51 pozos ilegales, la mayoría en uso o disposición de ser usados para agricultura intensiva. Esta operación se saldó con la investigación de 18 personas por la supuesta comisión de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente y usurpación de agua.

Operación “EEMAME”. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), dentro de las investigaciones sobre las afecciones al medio natural del Mar Menor que producen determinadas explotaciones ganaderas irregulares, descubrió un total de 15 captaciones irregulares de agua, supuestamente destinadas al abastecimiento de estas explotaciones ganaderas y al consumo animal.

Sustracción de dos millones de hectómetros

No es la primera vez que ocurre. Hace dos años, la Guardia Civil desarticulaba un grupo delictivo que ha sustraído un total de  2 millones de hectómetros cúbicos de un pozo que se usaron para regar parcelas con cultivos de regadío que carecen de derecho a riego, en la comarca del Guadalentín. La actividad se desarrollaba en zona protegida. Las primeras pesquisas practicadas permitieron comprobar que la infraestructura hallada carecía de los correspondientes permisos para ser usada en las distintas explotaciones agrícolas y que se estaba extrayendo agua mediante un grupo electrógeno portátil ubicado a unos 100 metros aproximadamente del aprovechamiento a través de una derivación subterránea.