La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado este jueves una nueva derivación de 120 hectómetros cúbicos al Levante, repartidos en dos envíos de 60 hm³ durante los meses de julio y agosto. La decisión se sustenta en que los embalses de cabecera del Tajo —Entrepeñas y Buendía— se encuentran en nivel 1, con más de 1.300 hm³ almacenados, lo que permite trasvasar con carácter automático.

El anuncio ha reavivado las críticas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que lamenta que se sigan autorizando envíos de esta magnitud bajo una normativa “obsoleta”, justo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que en septiembre entrarán en vigor nuevas reglas de explotación.

“Se está apurando hasta el último momento lo que permite la legislación actual”, denunció la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien considera “curioso” que se mantenga este ritmo de trasvases a solo unas semanas del cambio normativo. Según Padilla, si ya se aplicaran las nuevas reglas, estos envíos no habrían sido autorizados, al establecer límites más estrictos sobre los niveles de agua trasvasables.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, cifró en 489 hm³ el volumen trasvasado en lo que va de año hidrológico, un 150% más que la media histórica, situada en 320. Una cifra que, según explicó, se habría reducido “a menos de la mitad” si ya rigieran los nuevos criterios. “Esto refleja una desconexión entre las necesidades reales y las decisiones políticas, que siguen ancladas en una regulación desfasada”, advirtió.

Tanto la Junta como los municipios ribereños reclaman la aplicación inmediata de las nuevas reglas y denuncian lo que califican como una estrategia dilatoria del Gobierno central para seguir autorizando derivaciones bajo la actual normativa. “Es importantísimo que se cambien ya las reglas de explotación”, insistió Padilla, quien volvió a rechazar lo que definió como el “triple trasvase”, en referencia al uso combinado del acueducto para regadío, abastecimiento y energía.

La polémica por la gestión del Tajo sigue marcada por el incumplimiento de los caudales ecológicos, señalado por seis sentencias del Tribunal Supremo y por las directivas europeas en materia medioambiental. Castilla-La Mancha reitera su postura en defensa del río y reclama una política hídrica “ajustada a la realidad climática y legal del siglo XXI”.