La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía quiere “luz y taquígrafos para que toda España conozca la realidad tras las exigencias del gobierno murciano, la Confederación Hidrográfica del Segura y los regantes del SCRATS”. Quieren que se cuantifiquen las balsas de riego particulares y se saque a la luz oficialmente cuantas hectáreas de regadío se han añadido ilegalmente desde 1986.

“El primer paso para terminar con el Trasvase es que toda España conozca la caradura que tienen los aguatenientes de la agricultura industrial del Levante”, clama Francisco Pérez Torrecilla. “Si al Ministerio de Transición Ecológica le importan algo el río Tajo, el Segura o el Mar Menor, está en sus manos sacar a la luz la verdadera fuente del problema; porque en Murcia no falta agua, sobran caraduras que se hacen ricos con el patrimonio de todos los españoles, garrapatas que ahora exigen más dinero cuando llevan años chupando del Estado e hipotecando el patrimonio nacional”.

Nada más llegar al poder Sánchez, todavía al calor de la ministra Tejerina, el propio ministerio ya sacó un informe en el que se culpaba de los males del Mar Menor a la industria agrícola murciana. Desde la Asociación de Municipios Ribereños se pide ahora que se ponga en valor ese trabajo y se amplíe haciendo una auditoria neutral y exhaustiva que cuantifique oficialmente las cifras que todos conocen. Y es que es un secreto a voces que, desde 1986 se han ido multiplicando exponencialmente las hectáreas de regadío en el Levante. Una práctica ilegal, permitida por el gobierno de Murcia que ha ido levantando la mano y legalizando sin escrúpulos esos cultivos, propiciando que el monstruo se hiciera cada vez mayor y su sed de agua del Tajo adquiriese tintes legendarios.

“Y todavía tienen la poca vergüenza de exigir dinero al estado para modernizar sus cultivos, como si estuviéramos obligados a pagarles la fiesta entre todos”, lamenta Pérez Torrecilla. “Son empresas privadas, de carácter totalmente industrial, que sólo entienden del medio natural para explotarlo sin piedad, atendiendo únicamente a la riqueza a corto plazo, sin importarles el daño irreparable que realizan”, explica.

“Su brócoli, sus lechugas, causan más perjuicio que el diésel, los productos químicos que usan para soportar varias cosechas al año terminan frecuentemente en el Mar Menor; en cada episodio de tormentas son habituales las denuncias que quedan en nada, salvo en la destrucción de nuestro patrimonio”.

Así pues, los ribereños exigen que todo ese daño y ese abuso quede cuantificado y retratado por el ministerio, “que, si bien puede tener las manos atadas en ciertos asuntos debido a la tramposa legislación vigente sobre el Trasvase y a la situación parlamentaria, está en perfectas condiciones de iniciar una campaña de educación a la ciudadanía, para que toda España sea consciente del problema y a nadie engañen con sus proclamas los trasvasistas”.