Cuatro desalinizadoras, que costaron la friolera de 200 millones de euros, están paradas porque su agua cuesta más que la del Trasvase, claro, subvencionada por todos los españoles”, lamenta el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla. “Por no ponerlas en marcha, el Gobierno tiene que devolver a la Unión Europea 35 millones de euros por las plantas de Oropesa y Moncófar y otros 55 millones de euros por la de Torrevieja; 90 millones de euros en total, a costa de todos los españoles, por culpa de la desidia del Gobierno, de Camps y de Valcárcel, con los que se podría haber subvencionado la misma cantidad de agua que ha sido trasvasada desde 2015”.

Mientras, la sequía sigue causando estragos y continúa el dislate desde la Generalitat, donde su presidente sigue pidiendo trasvases a sabiendas de que sería completamente ilegal, a tenor de la extrema situación de los embalses de cabecera del Tajo. Tal es el despropósito, que hasta uno de los representantes del infausto Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Ángel Urbina, ha tenido que llamarles la atención y pedir, entre otras cosas, que asuman la realidad y se tomen medidas para que, por ejemplo, 160 hm³ de agua depurada que salen de la depuradora de Rincón de León, en Alicante, no terminen anualmente en el mar por no haber concluido la construcción del colector.

“Quizás, antes de seguir pidiendo más y más agua, convendría que en el levante hiciesen sus deberes, pusiesen las desaladoras en marcha, aprovechasen esas 17.000 balsas de agua que tienen o aprovechasen los 160 hm³ de agua depurada que vierten al mar o, mejor aún, que el Gobierno interviniese de una vez por todas para poner fin a todas las hectáreas de regadío ilegal que vampirizan el agua que a su vez nos roban”, afirma Pérez Torrecilla. Y es que, según los propios regantes tradicionales de la comunidad murciana, aquellos ajenos al SCRATS a los que además el sindicato debe cerca de 200 Hm³ por cesiones adjudicadas por el Ministerio de Agricultura, existen entre 75.000 y 100.000 hectáreas de regadío ilegal en su comunidad; una barbaridad que explicaría por qué no cuadran los números y nunca es suficiente.

Una cifra, además, que sigue creciendo, como han puesto de manifiesto WWE y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) a lo largo de todo el verano, denunciando ante la Confederación Hidrográfica del Segura, el Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia nuevos regadíos ilegales en el Campo de Cartagena, en el interior de una zona protegida por la Red Natura 2000.