La aprobación del nuevo reglamento taurino vuelve a ser motivo de polémica. Cuatro gestores taurinos de la provincia han advertido del fuerte y negativo impacto que tendrá sobre los festejos populares. Segú sus cálculos, podrían llegar a encarecer hasta un 25 por ciento los costes para los ayuntamientos, situando a Castilla-La Mancha como una de las comunidades en la que más caro resulta hacer este tipo de eventos e impidiendo a "muchos de nuestros pueblos" poder organizarlos.

Responsables de On Bull, Tauria Guadalajara, Campos Taurinos y Campo Bravo Alcarreño se han unido para realizar esta advertencia. Según sus cálculos, los permisos para estos eventos han pasado de costar 3.225 en 2015 a 4.510 en 2017. Para ilustrar lo que esto podría suponer en la práctica, señalan que un municipio en el que se sueltan dos reses pasará de pagar 5.100 euros a 6.720, aproximadamente. De igual forma, otro que que tenga dos encierros por el campo y una suelta en la calle tendría que abonar unos 9.600 euros en vez de los 7.500 que abonaba con anterioridad.

Si se compara por comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha el coste de la suelta de una res estaría en 4.500 euros, sólo por debajo de Madrid, donde cuestan 5.000 euros, “pero estamos hablando de que allí los pueblos son muy grandes, no como aquí, que son pequeños y con pocos recursos”, indican. En otras comunidades, como Navarra o Valencia, el coste ronda los 1.000 euros.

Entre las reivindicaciones de los gestores se encuentra la de ajustar los medios sanitarios a la “necesidad de cada festejo”. En este sentido, recuerdan que, desde 1991, los equipos sanitarios que se piden para las corridas de toros están compuestos por seis personas. Sin embargo, en los festejos populares han pasado de cuatro personas en 2014 a diez en la actualidad. “El nuevo reglamento hace inviable para muchos de nuestros pueblos la realización de festejos taurinos”.

Reivindicaciones
Según indican los gestores, han mantenido varias reuniones con los responsables del gobierno regional, encontrando una sintonía con los responsables provinciales que no se ha traducido en el documento final. Por eso ahora realizan una serie de peticiones para que el reglamento no se convierta en un obstáculo a la hora de hacer festejos populares. En primer lugar, reclaman que se dé al alcalde la potestad absoluta en los actos taurinos, “ya que en ahora son responsables subsidiarios”.

También piden que se liberalice la contratación de veterinarios y que los medios sanitarios se ajusten a la realidad de cada acto. Más allá del gasto que suponen, apuntan que puede haber problemas para encontrar personal suficiente durante algunos fines de semana en los que se acumulan actos en distintos municipios. Mención especial merece el quirófano móvil, que será obligatorio siempre, aunque consideran que sólo debería ser necesario en los actos en los que la envergadura de las reses lo requieran. También piden la creación de un banco de médicos y enfermeras, permitiendo la participación de profesionales del Sescam. Por últmo piden que se limiten las restricciones de vehículos especiales en los encierros por el campo y las aplicadas a los directores de lidia.