El pasado 24 de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza prorrogó por un año y medio la custodia provisional de una niña de cuatro años a favor de la familia materna, con la que vive desde el fallecimiento de su madre. La decisión suspendió la entrega inmediata al padre biológico —quien mantiene la patria potestad— y fijó un régimen de visitas progresivo, así como la obligación de abonar una pensión de alimentos.

Esta resolución judicial se produjo tras la orden dictada por un juzgado de Arenys de Mar (Barcelona) que, a mediados de julio, había establecido la entrega de la menor a su progenitor antes del 31 de ese mes. La madre fallecida había denunciado por malos tratos al padre, llegando a obtener una orden de alejamiento. Según los informes de los servicios sociales de Castilla-La Mancha, la niña vive “plenamente integrada y estable” en Sigüenza con su abuelo, su hermano mayor y sus tías.

En este contexto, Sara Cabra, tía de la menor, denuncia que “estamos otra vez con las mismas; este señor sigue sin pagar nada a día ocho y nos dicen que el padre tiene mucho interés en llevarse a su hija”.

Cabra añade que el progenitor “dice que no quiere hacer las visitas en Sigüenza porque le dan miedo los medios” y que “le admiten que tenga la niña que viajar en vez de él”. Según relata, “el otro día me obligaron a tener que estar en la puerta de Binestar Social de Guadalajara y al lado de este señor para que no llorase la niña, y tuve que quedarme ahí por obligación”.

La tía de la menor también critica que “en la segunda visita, el padre la sacó a un bar de Guadalajara a las tres de la tarde, rompìendo su rutina alimenticia y de descanso con el sol que hace” y reitera que “a día ocho este señor aún no ha pagado ni la manutención”.