La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado este jueves su preocupación ante la orden judicial que obliga a entregar a una niña de cuatro años, vecina de Sigüenza, a su padre biológico, denunciado por maltrato antes del fallecimiento de la madre. “Hay una desconexión profunda y grave entre jurisdicciones”, ha afirmado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. Redondo ha reclamado una mayor coordinación entre lo penal y lo civil para que las decisiones judiciales respeten el interés superior del menor.

“No es posible que la jurisdicción civil y los juzgados de familia aceleren esos procesos mientras están pendientes denuncias penales por maltrato o violencia de género”, ha advertido. En su opinión, la ley integral contra la violencia de género establece que no deben tomarse decisiones sobre custodia o patria potestad sin una sentencia penal firme. “El interés superior del menor está en no convivir con el maltratador”, ha zanjado.

También la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha criticado la resolución. “Desde el respeto a la labor judicial, no puedo entender ni compartir esta decisión”, ha señalado en la red social X. “El hombre que agrede a la madre de sus hijos o hijas no puede ser un buen padre”, ha insistido.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Arenys de Mar (Barcelona) y firmada por la jueza P.B.V., establece que la niña debe ser entregada a su padre, D.A.S., antes del 31 de julio. Según la familia materna, el progenitor apenas ha cumplido el régimen de visitas fijado en un punto de encuentro familiar de Guadalajara —solo una vez de nueve previstas—, y la menor no tiene vínculo afectivo con él.

Desde la muerte de su madre en 2023, la niña ha vivido en Sigüenza con su abuelo, sus tías y su hermano mayor, en un entorno que los servicios sociales califican como estable. Está escolarizada en la localidad y ha desarrollado allí su vida cotidiana.

La familia asegura que el padre fue denunciado por malos tratos en abril de 2022 y que existen partes médicos, informes de los Mossos d’Esquadra, amenazas, insultos y referencias al consumo de alcohol y drogas. Una orden de alejamiento llegó a estar en vigor. Ahora están recopilando toda esa documentación para pedir la suspensión del auto de ejecución.

La tía de la niña, Sara Cabra, ha puesto en marcha una campaña de firmas en Change.org que ha superado ya las 2.200 adhesiones en solo dos días. “Mi hermana denunció a este hombre por malos tratos. ¿Cómo se puede entregar a una niña que ni lo conoce ni lo quiere ver?”, se pregunta.

La familia reclama la revisión urgente del expediente judicial y apela a la sensibilidad institucional. “Tiene amigos, una rutina, una escuela, una familia que la cuida. ¿Por qué arrancarla de todo eso?”, concluyen.