Un total de 4.285 personas de la provincia de Guadalajara serán las potenciales beneficiaras de la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, que ahora inicia su trámite parlamentario en las Cortes regionales.

Así lo ha explicado el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto al director provincial de Bienestar Social, José Luis Vega, para exponer las ventajas de una ley a la que se ha referido como “pionera” en todo el territorio español. “Es la ley que están pidiendo las familias y entidades de discapacidad de toda España y es un orgullo que Castilla-La Mancha sea quien inicie un camino que espero recorran también el resto de regiones más pronto que tarde”, ha afirmado

Alberto Rojo ha destacado que esta medida “blinda por ley” la protección de las personas con discapacidad y evita“que ningún Gobierno futuro toque sus derechos”. Del mismo modo, se ha referido a que esta ley, para la que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, “es la respuesta a la pregunta que con más frecuencia se hacen las madres y padres de las personas con discapacidad”, que se cuestionan a menudo por el futuro de su hija o hijo cuando ellos falten.

El delegado de la Junta en Guadalajara ha explicado también que la ley, actualmente en fase de proyecto de ley, ha nacido del trabajo coordinado y consensuado con las entidades que trabajan con las personas con discapacidad y ha tenido en cuenta sus aportaciones. Del mismo modo, ha señalado que cuenta con todos los informes preceptivos que requiere la tramitación del proyecto normativo, todos de carácter favorable.

Alberto Rojo ha hecho hincapié en que con esta iniciativa el Gobierno que preside Emiliano García-Page demuestra que el apoyo y la atención a las personas que más lo necesitan es “su seña de identidad” y ha puesto como ejemplo los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia que se han logrado desde el inicio de la presente legislatura. “Como muestra, basta decir que el Observatorio de la Dependencia otorga a Castilla-La Mancha una nota de 8,2 en aplicación de esta ley, frente al 4,6 que obtuvo al final del mandato de Cospedal”, ha señalado y se ha referido a la provincia de Guadalajara donde desde el inicio del mandatolas personas beneficiarias han aumentado un 61 por ciento y se han reducido en un 21,5 las solicitudes pendientes de valorar.

Aspectos más destacados de la ley

Por su parte, el director provincial de Bienestar Social ha explicado que la futura ley tiene como potenciales beneficiarios a aquellas personas que necesitan apoyo para la toma de decisiones, nombre que se utiliza en la norma a petición de las entidades del sector para a las personas con discapacidad psíquica mayores de 18 años por casusas como la discapacidad intelectual, la enfermedad mental, el daño cerebral o el deterioro cognitivo.

También ha señalado que con esta iniciativa el Gobierno regional  pretende dotarse de un instrumento de apoyo a la persona con discapacidad que evite o retrase en la medida de lo posible que ésta tenga que verse sometida a un proceso civil de modificación de la capacidad de obrar o que este proceso civil sea el último recurso de protección es el objeto de la norma.

En cuanto a la aplicación concreta de la ley, José Luis Vega ha explicado que establece dos mecanismos. Por un lado, la elaboración de un plan personal de futuro, en el que participa la persona con discapacidad, sus familiares y las fundaciones tutelares, y en el cual se establecen las preferencias cuando los progenitores falten, tanto desde el punto de vista residencial como de gestión del patrimonio u otros cuestiones.

Por otro lado, se garantiza por ley el apoyo residencial de la persona con discapacidad una vez que no cuente con sus apoyos familiares, a la vez que se establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos asistenciales del Gobierno regional para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares.

José Luis Vega se ha sumado a la petición de apoyo a la futura ley por parte de todos los grupos políticos con representación en las Cortes regionales para que de este modo “la ley pueda ser una realidad cuanto antes”.