El Gobierno regional presenta el anteproyecto de la Ley de Medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

Una iniciativa que ya anunció el presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, que adelantaba que Castilla La Mancha iba a presentar una norma “muy contundente” en este sentido.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que “en el día de hoy el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del texto, que a su vez se ha registrado a través del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha”. Un texto que posteriormente, “se podrá remitir un proyecto de ley para invitar al Gobierno de España para que lo adopte como suyo y lo tramite en el Congreso de los Diputados y que se pueda aprobar con el consenso de la mayor parte del hemiciclo”.

En este sentido, Hernando ha remarcado que “es un texto que persigue terminar, de una vez con todas, con una tremenda injusticia que se está produciendo en España y que en los últimos años, cada vez más, tiene un crecimiento exponencial. Una injusticia donde los agresores tienen mayor respaldo jurídico que las víctimas; es la ocupación ilegal de lo que estamos hablando y lo que queremos atajar”.

Hernando ha explicado que la ocupación ilegal “es un problema y acto delictivo perpetrado por determinadas personas y no se asemeja en nada al drama que vivió este país en forma de desahucios de familias que habían pagado su hipoteca hasta que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica”, sino que “lo que se está llevando a cabo, a través de la ocupación ilegal, es una acción premeditada con finalidad lucrativa que aprovecha la situación de vulnerabilidad de muchas familias para disfrazar acciones delictivas”.

Asimismo, el responsable de Fomento ha puesto de manifiesto que “lo que necesitamos ahora es que todo el mundo nos ayude”, y ha remarcado que “lo que quiero hacer es tender una mano al PP de Castilla La- Mancha y Ciudadanos de Castilla-La Mancha quienes van a poder comprobar que este es un texto serio, detallado, realista y aplicable que requiere de una unidad”; y se ha preguntado “cuál sería el mensaje estaríamos lanzado a quienes se lucran de las familias que peor lo están pasando si no demostramos que estamos en un bloque sólido y unido frente a los actos criminales”.

Endurecimiento de penas, persecución de ‘mafias de ocupación’ y protección a la ciudadanía

Nacho Hernando ha explicado que entre los cambios que registra esta ley se encuentra la transformación para considerar esta situación un “delito grave” proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo, por haber prescrito.

Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el ‘desalojo exprés’, con un plazo de 48 horas para que los juzgados deban acordar el desalojo del ocupa.

La iniciativa legislativa contempla un aumento de los agravantes con sanciones para la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como puedan ser la explotación laboral y sexual de personas; actos de prostitución y de explotación sexual y corrupción de menores; la elaboración, distribución y venta de sustancias estupefacientes; la ocultación de material robado o su receptación; el uso de fuerza en las cosas; o la reincidencia del autor o autores de la ocupación ilegal.

El consejero de Fomento ha querido subrayar la ambición de la nueva regulación “porque va a lo concreto, a lo real, pretende un desarrollo normativo real y efectivo, planteando matices y distinciones como, por ejemplo, en el grado de violencia o si se ocupa un domicilio que tiene la condición de inviolabilidad o un sitio abandonado o la vocación de permanencia del que ocupa”.

La ley introduce dos atenuantes: por una parte, el abandono de la vivienda en el plazo de tres días, y por otro, delatar a quienes bajo coacción, amenaza o violencia le han llevado a estar en la situación de ocupación ilegal, “sin eximir del delito”, ha destacado Hernando.

Además, con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato y la recuperación provisional del bien ilícitamente usurpado, en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos y pretende residenciar el delito en el ámbito del juicio rápido por la vía penal, en vez de en el ámbito de juicio con jurado.

De igual manera, recoge el fortalecimiento tanto del papel de los ayuntamientos como de las comunidades de vecinos para hacer frente a la ocupación ilegal y propone que ambos queden legitimados para poder denunciar ocupaciones.  Por tanto, contempla ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación. Además, se abre la posibilidad de que se sancionen con pérdida de ayudas para adquirir o alquilar vivienda durante el periodo que establezca cada administración. 

Hernando ha destacado que “entendemos que en la ocupación ilegal hay más víctimas que el propietario, ya que hay una bolsa con aquellas personas que están en listas de espera para acceder a una vivienda pública y, en estas circunstancias, el primer perjudicado es esa persona”, ha hecho hincapié el consejero.

Asimismo, se propone modificar las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa, “ya que, el padrón municipal no puede albergar situaciones tan injustas a través de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, y en su caso delictiva, como lo es la usurpación del uso de un inmueble ajeno”.

El consejero de Fomento ha explicado que “el padrón tiene que hacer real y efectivo el derecho a la vivienda digna y adecuada y no podemos admitir en un padrón a quienes están viviendo en condiciones de infravivienda como cuevas o chabolas”, además ha continuado “consideramos razonable exigir un título de propiedad o contrato a la hora de empadronar”.