El colectivo Fraguas Vive ya suma más de 30.000 firmas en la petición que han realizado en Change.org para solicitar que se retire la denuncia interpuesta contra las seis personas que, desde 2013, están trabajando en la reconstrucción del pueblo abandonado de Fraguas, situado en el término municipal de Monasterio, aunque en montes que son propiedad del Gobierno regional.
El delegado de la Junta, Alberto Rojo, explica que el proceso arrancó durante la anterior legislatura, con el PP en el Gobierno regional. Aunque en 2012 hubo contactos entre los técnicos de la Junta y los pobladores, no llegaron a realizarse trámites para que éstos obtuvieran autorización para instalarse en Fraguas, ya que en la zona está prohibido tanto construir núcleos urbanos aislados como hacer fuego, ya que es una zona con riesgo elevado de incendio. A pesar de ello, en 2013 comenzaron a trabajar en la zona, lo que provocó que el anterior ejecutivo pusiera los hechos en conocimiento de las autoridades y que la Fiscalía iniciara el proceso judicial.  
“Aquí el único problema que hay es el enclave”, señala Rojo. “Estamos hablando de un monte de utilidad pública que además está integrado en el parque natural de la Sierra Norte”, lo que implica la existencia de una serie de normas que garanticen la protección del medio ambiente.
El delegado tiende la mano a los pobladores y recuerda que “en la provincia hay núcleos de población que están prácticamente abandonados y que sí tienen la catalogación de zona urbana para hacer un asentamiento”. De hecho, asegura que sí éste grupo de personas se pusieran en contacto con ellos, “por supuesto que trabajaríamos para buscar otros puntos en los que puedan seguir su actividad.  Estamos abiertos a ayudar en la medida de nuestras competencias tanto a ellos como a otros grupos (...)  Este Gobierno está tomando medidas para evitar el despoblamiento y favorecer la repoblación”.

Desocupado desde los 60
Según indican desde Fraguas Vive, el pueblo perdió a todos sus habitantes durante la década de los 60, siento utilizado como coto de caza y para replantaciones de pinares. Incluso, “fueron utilizados para maniobras y ejercicios militares que destrozaron por completo las construcciones de este pequeño enclave”, por lo que en el lugar “sólo quedaron ruinas y balas”.
Los nuevos pobladores llegaron en 2013 y desde el principio tanto agentes medioambientales como guardias civiles les recordaron que podían ser multados. En junio de 2015 fueron llamadas a declarar seis personas al Juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara, “siendo acusadas de usurpación de monte público”, señalan desde Fraguas Vive.
Según indican, ahora se está pidiendo para cada poblador dos años por los delitos de ordenación del territorio y otros dos por los de daños, además de 600 euros a cada uno por la pena de usurpación y 26.779 para sufragar la demolición. “Como solución a ese supuesto delito contra la ordenación del territorio se propone la demolición de los edificios reconstruidos”, apuntan también, aunque la Fiscalía Provincial no ha confirmado estos cargos.  
La campaña iniciada en Change.org suma ya más de 30.000 firmas que respaldan la petición, que será entregada al delegado de la Junta,    Alberto Rojo Blas; al presidente de la Diputación, José Manuel Latre Rebled; al  consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; y al Juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara. “Firma esta petición para pedir a las autoridades responsables que no se lleve a cabo esta demolición del pueblo que hemos reconstruido con nuestras propias manos”, señalan los pobladores. “Sabemos que el proyecto cuenta con el apoyo de muchas personas, entre los que se encuentran los antiguos habitantes de Fraguas, y por eso estamos pidiendo que no se proceda a la demolición de tanto ya reconstruido. Confiamos además en que el ejemplo de Fraguas sirva para mostrar cómo se puede poner freno a esta despoblación rural”.