El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedidoayudas al alquiler a 1.495 familias de la provincia de Guadalajara, una línea de actuación a la que destinará este año 2.041.000. Esta cantidad supone un incremento del 61,7 por ciento en relación con la de 2016 y triplica las otorgadas en cualquiera de los años de la anterior legislatura.

Así lo ha destacado el director provincial de Fomento, Julio Calle, que ha puesto de manifiesto la apuesta del Gobierno regional por esta medida, destinada a financiar parte del alquiler que pagan las familias con menos recursos. Además, ha destacado los criterios sociales incluidos por el Gobierno regional en esta convocatoria, que ha priorizado a las familias que habían perdido anteriormente una vivienda como consecuencia de un desahucio. “Estamos acercando las ayudas a quienes más lo necesitan”, ha afirmado Julio Calle, que ha resaltado “el carácter social”  de la política de vivienda que se está desarrollando desde el Gobierno regional.

En la provincia de Guadalajara fueron 2.127 las solicitudes presentadas a la última convocatoria de ayudas y, una vez baremadas y revisado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras, han sido finalmente 1.495 las aprobadas, lo que supone más de 70 por ciento del total.

En lo que va de legislatura, el Gobierno del presidente García-Page ha concedido 2.340 ayudas al alquiler a familias de la provincia de Guadalajara y ha destinado a este fin 3.303.000 euros.

El director provincial de Fomento ha recordado que las ayudas concedidas suponen el 40 por ciento de la renta anual que deben satisfacer los arrendatarios por el alquiler de su vivienda habitual, con un límite máximo de 200 euros mensuales por vivienda. En el caso de las personas provenientes de una ejecución hipotecaria el porcentaje de ayuda se eleva hasta el 60 por ciento.

Además, para obtener estas ayudas el alquiler de la vivienda no debe exceder los 500 euros mensuales o los 600 en los casos de familias numerosas. Los ingresos de los perceptores no pueden rebasar el límite de ingresos máximo calculados en relación al Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el número de miembros que componen la unidad familiar.