El Gobierno de Catilla-La Mancha ha movilizado más de 24 millones de euros de fondos europeos a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en la provincia de Guadalajara desde que esta convocatoria de ayudas se pusiera en marcha en el año 2017 como estrategia de lucha contra la despoblación.

Así lo ha dado a conocer el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, tras la reunión que ha presidido en el día de hoy por vía telemática del Subcomité Territorial de Participación de la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Guadalajara, con la participación de los delegados y delegadas de las distintas Consejerías, el director general de Coordinación y Planificación, Julio García, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, así como representantes de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), la Universidad de Alcalá (UAH) y agentes económicos y sociales.

En su balance, Robles ha destacado que desde la puesta en marcha de las ITI se han publicado un total de 120 convocatorias de ayudas. Dentro de éstas, 111 convocatorias lo han sido de carácter ordinario, y han generado subvenciones para 1.500 proyectos de la provincia de Guadalajara por un importe total de 17,3 millones de euros.

Por lo que respecta a las convocatorias denominadas ´Expresiones de interés´, han sido un total de 70 ayuntamientos y mancomunidades, 61 de ellos pertenecientes a la zona ITI, los que han presentado proyectos en alguna de sus nueve convocatorias. A esta línea de ayudas han concurrido un total de 97 proyectos que han alcanzado una asignación de 6,9 millones de euros.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado más de 24 millones de euros para la provincia de Guadalajara desde la puesta en marcha de estas ayudas ITI que han favorecido el desarrollo de casi 1.600 proyectos a través de las distintas convocatorias. Se trata de una importante inversión que ha permitido mejorar servicios básicos que prestan los municipios, y que están relacionados con la inclusión digital, la gestión de residuos o el ahorro energético, y a dinamizar las infraestructuras de nuestros pueblos desde el punto de vista educativo o turístico”, ha destacado Robles.

El delegado de la Junta ha lamentado que durante la pasada legislatura la Diputación provincial de Guadalajara no se sumara a esta estrategia, lo que hubiera permitido que se movilizara un mayor volumen de inversión en beneficio de toda la provincia.

Por último, Robles ha informado que, además de esta línea de ayudas, desde el Gobierno regional se han establecido otros instrumentos financieros para favorecer el desarrollo de otros proyectos ubicados en territorios ITI. Tres ayuntamientos de la provincia de Guadalajara se han acogido a estas ayudas que han generado una inversión total de 606.875 euros.

Ley de medidas frente a la Despoblación

Por su parte, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha recordado que la lucha contra la despoblación en la región se afianzará aún más el próximo año con la tramitación de la ‘Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha’, que acaba de pasar el periodo de exposición pública y se remitirá a las Cortes en los primeros meses del 2021.

El proceso de exposición pública, que finalizaba hace apenas unos días, es el segundo al que se somete esta ley que fue la primera en pasar el trámite de participación ciudadana a través del Portal de Participación, desde donde la ciudadanía de la región pudo realizar aportaciones al texto para conseguir que la futura norma sea consensuada socialmente.

La futura Ley tendrá un enfoque integral del medio rural y un carácter global y transversal en las actuaciones. Su principal objetivo es luchar frente a la despoblación, con una triple finalidad: garantizar servicios públicos básicos a la población, posibilitar la igualdad de oportunidades de sus habitantes y propiciar la cohesión económica y social del medio rural.

Desde el Ejecutivo autonómico se busca que la futura ley sirva para garantizar la prestación de servicios públicos en el medio rural además de resolver algunos problemas estructurales en materia de telecomunicaciones, garantizando el acceso a las nuevas redes. Entre la batería de disposiciones que se ha incorporado al anteproyecto de ley se contemplan medidas de discriminación positiva que favorezcan la generación de actividad económica y de empleo como una condición necesaria para que la gente pueda quedarse en los municipios.

“Tanto la Ley como la Estrategia tienen por objetivo hacer económica y socialmente más atractivas las zonas despobladas, garantizando la prestación de servicios básicos en el medio rural y una conectividad digital de calidad en todas las localidades con una importante mejora de transporte público, para lo que queremos implantar un sistema innovador de transporte a la demanda, con una política de vivienda rural y una importante apuesta por la generación de actividad económica”, ha concluido Alique.