El director general de Coordinación y Planificación, Alejandro Alonso, acompañado por el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha iniciado una ronda de reuniones para informar a alcaldes y alcaldesas de zonas incluidas en la ITI (Inversión Territorial Integrada) de la provincia de Guadalajara de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno regional destinadas a entidades locales.

En una reunión en la que se han desgranado las diferentes convocatorias ya en marcha, Alejandro Alonso ha animado a las entidades locales de las zonas con problemas de despoblación a aprovechar “la oportunidad histórica” que suponen las ayudas puestas en marcha por el Gobierno regional y que “por primera vez” permitirán a los ayuntamientos realizar y presentar los proyectos objeto de subvención.

Tal y como ha explicado el director general, se trata de ocho convocatorias de subvenciones denominadas ‘expresiones de interés’ que fueron publicadas de manera simultánea en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el día 27 de marzo. En ellas, el Gobierno regional pone a disposición de las entidades locales 99,7 millones de eurosen el marco del Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020para la financiación de proyectos, con preferencia para aquellos proyectos presentados por entidades incluidas en las denominadas zonas ITI.

En concreto, Alejandro Alonso ha destacado que los proyectos de estas zonas contarán con entre 20 y 40 puntos más que los presentados por entidades de zonas sin problemas de despoblación, por lo que, según ha afirmado, los proyectos de zonas ITI tienen prácticamente “la financiación asegurada”. En el caso de la provincia de Guadalajara son 267 municipios los incluidos en la Inversión Territorial Integrada, que corresponden al conjunto del territorio a excepción del Corredor del Henares y su área de influencia.

El director general de Coordinación y Planificación ha puesto de manifiesto la importancia de que la Diputación de Guadalajara se sume a esta iniciativa. “Es esencial y prioritario”, ha afirmado, al tiempo que ha pedido a sus responsables que “encuentren una fórmula de participación”. Así, se ha referido a las particularidades de los ayuntamientos de las zonas ITI de la provincia, “pequeños y con poca infraestructura técnica”, razón por la cual ha considerado necesaria la participación de la Diputación “aunque sólo sea como apoyo técnico a la presentación de proyectos de los ayuntamientos”.

Por su parte, el delegado de la Junta en Guadalajara ha incidido en la importancia de estas ayudas para los municipios de la provincia y ha señalado que, con la intención de facilitar la información a los alcaldes y alcaldesas, el Gobierno regional mantendrá reuniones similares a la de hoy en otras zonas de la provincia de Guadalajara.

En concreto, esta tarde a partir de las 17 horas hay convocada otra reunión en Hiendelaencina, destinada a alcaldes y alcaldesas de la Sierra, y el jueves a las 12 se mantendrá otro encuentro en Molina de Aragón para representantes de municipios de esta comarca.

Ocho convocatorias por importe de 99,7 millones de euros

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo cuenta con tres convocatorias de las cuales dos competen a la Dirección General de Industria, Energía y Minería. Una de ellas está destinada al ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público, por importe de siete millones de euros y un plazo de ejecución de tres meses; y otra para el ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, que cuenta con 12 millones de euros y un plazo de tres meses para presentar solicitudes, desde el día siguiente a su publicación en el DOCM.

Además, desde la  Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía se pone en marcha otra convocatoria por importe de 20 millones de euros y un plazo de solicitud de tres meses, dirigida a la rehabilitación y mejora del patrimonio histórico artístico y a la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos que hay en los distintos municipios.

Por otra parte, hay una convocatoria de la Viceconsejería de Medio Ambiente para la mejora de la gestión de residuos domésticos y de la construcción dotada con 25 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes es de cuatro meses.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural cuenta con una convocatoria más a través de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales para la adecuación medioambiental de carreteras que tengan un importante impacto sobre especies en peligro de extinción o en espacios naturales protegidos. El importe es de 1,2 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes es de cuatro meses.

Por parte de la Consejería de Fomento hay una convocatoria a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías dirigida a las diputaciones provinciales para la puesta en marcha de una red de puntos de inclusión digital en cada una de las cinco provincias de la región. Tiene una asignación financiera de siete millones de euros y un plazo de presentación de solicitudes de dos meses.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes tiene tres convocatorias,una de ellas correspondiente a  la  Secretaría Generaly dos de laDirección General de Universidades, Investigación e Innovación.

La convocatoria que corresponde a la Secretaría General está destinada a la realización de infraestructuras educativas, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria. El importe es de 10 millones de euros y el plazo de  presentación de solicitudes es de un mes.

Las convocatorias de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación abordarán la creación, consolidación y mejora de infraestructuras en materia de investigación y desarrollo. La asignación financiera es de 17,5 millones de euros y el plazo de presentación de las solicitudes es de dos meses.

El director general de Coordinación y Planificación ha recordado que la Comunidad Autónoma financia hasta el 80 por ciento de las actuaciones mediante la cesión de los fondos FEDER en favor de las entidades locales.

El plazo de ejecución de los proyectos va desde los nueve a los 24 meses, teniendo en cuenta que se pueden pedir ampliaciones de plazo siempre que nunca excedan el 31 de diciembre de 2023, fecha límite en la que las infraestructuras tienen que estar plenamente operativas.