La Guardia Civil de Guadalajara ha procedido a la destrucción de un total de 589 armas de fuego, blancas y prohibidas, entre las que se encuentran escopetas de caza, armas de tiro deportivo, armas cortas, etc.

El proceso de reducción a chatarra de todo este material depositado por diferentes motivos en las Intervenciones de Armas de esta provincia, se realizó en una empresa de fundición de acero ubicada en la Comunicad de Madrid, bajo la supervisión y seguimiento de la destrucción por la Guardia Civil de Guadalajara.

Anualmente la Guardia Civil, una vez obtenidas las autorizaciones y realizados los trámites pertinentes y cumplidos los plazos de depósito establecidos, procede a la destrucción de todas aquellas armas que han sido intervenidas, bien por estar prohibidas o por haber sido utilizadas en la comisión de hechos delictivos o infracciones administrativas, así como de todas aquellas que han sido depositadas voluntariamente por sus propietarios por dejar de reunir los requisitos exigidos para la obtención de las correspondientes licencias de armas.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras que tuvo origen en la Conferencia Internacional de la Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas pequeñas y ligeras celebrada en Julio de 2001.

Control del acceso legal a las armas

Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Las Intervenciones de Armas y Explosivos, controlan legalmente a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.

Así mismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.

La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.

Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determina su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.