En una exhibición de ortodoxia liberal y firmeza institucional, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha cerrado de un plumazo cualquier posibilidad de que la capital alcarreña se someta al régimen de zona tensionada. Acompañada por el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, la regidora ha dictado una lección de realidad económica: intervenir los precios no es la solución, sino el catalizador de un mercado negro de oferta retraída e inseguridad jurídica.

"Decirle a una persona a qué precio tiene que alquilar su vivienda no es la solución", sentenció Guarinos, señalando con precisión el fracaso de las políticas del Ejecutivo central. Para la alcaldesa, el problema no reside en la ambición de los propietarios, sino en la inoperancia de un Gobierno de España que ha sido incapaz de levantar las 180.000 viviendas públicas prometidas, pretendiendo ahora trasladar su responsabilidad a los hombros de los particulares.

Hechos frente a anuncios: el modelo de Guadalajara

Frente al intervencionismo que "no beneficia a nadie", Guarinos ha contrapuesto la gestión directa de su gabinete en la provincia. Los datos son incontestables: desde 2023, el consistorio ha impulsado 559 viviendas, con un 34% del total de la construcción actual bajo algún régimen de protección. De ellas, 156 se destinan a alquiler asequible y 403 a protección oficial, gracias a una estrategia de cesión de suelo municipal y captación de fondos europeos.

La hoja de ruta es clara: ampliar el suelo residencial e industrial mediante la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM). Sin embargo, este crecimiento se topa con un muro invisible pero crítico: la crisis energética. La alcaldesa denunció que, pese a la generosidad de la provincia en la producción eléctrica, la red actual carece de la potencia necesaria para sostener nuevos desarrollos, lo que está obligando a inversores estratégicos a reconsiderar su implantación en Guadalajara.

El pulso por el Fuerte de San Francisco: "Cumplir o cumplir"

La comparecencia alcanzó su punto de máxima tensión dialéctica al abordar el estado de ruina del Fuerte de San Francisco. Tras el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que pone plazos fijos a la rehabilitación, Guarinos fue tajante con el ejecutivo de Emiliano García-Page: "Lo que tiene que hacer la Junta es cumplir".

La regidora recordó que la Administración regional ya cobró su parte del trato en 2010 a través de aprovechamientos urbanísticos y la venta de viviendas. "Es la inactividad de la Junta la que ha ocasionado la ruina de los edificios", sentenció, subrayando que la sentencia de 2017 es de obligado cumplimiento. No habrá diálogo que valga si no se parte de la rehabilitación integral del complejo tal y como estipula el convenio original. Guadalajara no admite más demoras en una deuda histórica que la Junta pretende ignorar.