El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado los presupuestos para 2023 de forma inicial, con los votos a favor del Gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos, y los votos en contra de PP, VOX, Aike y Unidas Podemos. Las cuentas ascienden a 91 millones de euros, lo que representa un 8,6 por ciento más respecto a las de 2022.

Después de esta aprobación inicial, el presupuesto será sometido a un periodo de exposición pública tras el que quedará definitivamente aprobado en caso de no existir alegaciones, para su entrada en vigor el 1 de enero. De producirse alegaciones, el Pleno deberá volver a debatirlas en diciembre.

La concejala de Hacienda, Lucía de Luz, defendía el presupuesto para 2023 apelando a la “estabilidad” y defendiendo la “solidez” de la hacienda municipal. “Son unas cuentas repletas de ilusión, coherentes con la situación económica global; unas cuentas que “demuestran la transformación y despegue económico que vive la ciudad gracias a la llegada de nuevas empresas, con una generación de ingresos extraordinarios de 7 millones de euros”.

De Luz defendía la política económica del gobierno de coalición y la reestructuración de la hacienda local “que se traduce en un incremento presupuestario de 27 millones de euros en cuatro ejercicios, después de reducir la carga fiscal a las familias en recibos como el IBI.

Lucía de Luz confirmaba la estabilidad de la Hacienda, desmentía cualquier tipo de informe técnico desfavorable y lamentaba que “algunos lleven años diciendo que todo presupuesto o toda modificación de crédito era ilegal, apuntando incluso a la cárcel, y aquí estamos”, señalaba.  

El dictamen final incorpora enmiendas presentadas por el grupo Unidas Podemos, relativas a la adquisición de maquinaria para el cementerio municipal, la adquisición de árboles y nidos para aves, así como para la introducción de mejoras en la pista de skatepark del parque del Coquín.

En otro orden de asuntos, el Pleno ha aprobado una modificación de la ordenanza que regula la zona roja de aparcamiento para personas residentes, reduciendo la tasa anual de 40 a 32 euros. De la misma manera, el Ayuntamiento ha aprobado la prescripción de 433.000 euros de deuda generada por impagos de empresas y particulares entre los años 2006 al 2016 al no haber sido reclamados en su momento y no haber plazo legal para hacerlo ahora.