El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha asegurado que la salida de David de Diego Barbas como jefe de la Agrupación de Protección Civil no fue una renuncia voluntaria, sino un “cese encubierto” motivado por hechos que califican de “muy graves”. Por su parte, el concejal de Seguridad, Chema Antón, ha negado conocer supuestos antecedentes penales del exjefe y ha defendido que dimitió por “motivos personales”.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, las concejalas socialistas Pilar Sánchez y Lucía de Luz calificaron la situación de “extrema gravedad” y acusaron al equipo de Gobierno de mantener al frente de Protección Civil a una persona “absolutamente incapacitada” para el cargo.

“Este mes se conocía la renuncia del jefe de Protección Civil, pero no fue una renuncia voluntaria, sino un cese encubierto provocado por una situación escandalosa e insostenible”, afirmó Sánchez.

Según el PSOE, David de Diego fue nombrado jefe de la agrupación en julio de 2024 pese a que, aseguran, contaba con antecedentes penales y había sido apartado previamente del servicio. Las ediles sostienen que el concejal de Seguridad era conocedor de esta situación, algo que, según indicaron, estaría respaldado por testimonios de voluntarios y agentes de la Policía Local.

Entre las denuncias expuestas, el Grupo Socialista señaló que el exjefe carecería de carné de conducir y, aun así, habría conducido vehículos particulares y oficiales, además de protagonizar comportamientos “inadecuados, conflictivos y violentos” hacia otros voluntarios. Durante su etapa al frente del servicio, añadieron, se produjeron al menos 13 bajas en la agrupación.

El PSOE también denunció la desaparición y destrucción de material de Protección Civil —incluidos recuerdos históricos, insignias, cuadros con reconocimientos y una televisión donada— bajo el argumento de una limpieza, hechos que, según afirmaron, eran conocidos tanto por el concejal de Seguridad como por la alcaldesa, Ana Guarinos.

Los socialistas situaron el punto de inflexión en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, cuando el exjefe habría protagonizado tres incidentes que generaron llamadas a la centralita del 092, relacionados con presuntas agresiones y actos vandálicos, como la quema de contenedores. Según Sánchez, estos hechos motivaron la apertura de un expediente sancionador municipal y su cese efectivo en enero, “aunque se haya querido presentar como una renuncia voluntaria”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha exigido la dimisión inmediata de Chema Antón y ha reclamado explicaciones públicas a la alcaldesa. “No se puede esconder ni mirar para otro lado. Hay que explicar qué ha pasado y qué medidas se van a tomar para reconstruir la agrupación”, señalaron.

El concejal defiende una dimisión voluntaria

Tras la comparecencia socialista, el concejal de Seguridad negó las acusaciones y reiteró que la salida de David de Diego fue una dimisión voluntaria por motivos personales, descartando que se tratara de un cese encubierto.

Antón aseguró además que el exjefe cumplía todos los requisitos exigidos para el voluntariado, incluidos los certificados oficiales de carecer de antecedentes penales y de delitos sexuales. También confirmó la apertura de un expediente sancionador tras una denuncia de la Policía Local por la quema de contenedores, precisando que se trató de hechos ocurridos en el ámbito personal.

El edil negó “rotundamente” conocer supuestos antecedentes del exjefe y calificó de “muy grave” la insinuación del PSOE, recordando que los miembros de las fuerzas de seguridad no divulgan datos de actuaciones policiales.

El Gobierno municipal anuncia posibles acciones legales

En un comunicado posterior, el equipo de Gobierno exigió la rectificación inmediata y la dimisión de las concejalas socialistas Lucía de Luz y Pilar Sánchez por realizar declaraciones que califican de “falsas y de extraordinaria gravedad”.

Asimismo, aseguró poner a disposición de la ciudadanía la documentación oficial que, según afirma, desmiente las acusaciones, y anunció que se reserva el ejercicio de acciones legales y penales para la defensa de la institución y de las personas afectadas.