El Juzgado de Sigüenza que instruye el caso por el crimen de la anciana de Hiendelaencina (Guadalajara) ha aceptado la petición de la Fiscalía de retirar las medidas cautelares impuestas a los ciudadanos búlgaros que son investigados por la muerte de esta mujer de 90 años,
sordomuda y que precisaba una silla de ruedas para su día a día, supuestamente acuchillada en su vivienda en noviembre de 2015.

Así lo ha confirmado a Europa Press Francisco Parres, abogado encargado de la Defensa de uno de los investigados por la muerte de la anciana en calidad de colaborador, Radko, quien ha señalado que las medidas solicitadas por la Fiscalía pasaban por personarse, en unos casos semanalmente y en otros mensualmente, en dependencias judiciales.

De momento, el número de personas investigadas por este caso supera la decena, si bien Radko y Milka, que llegaron a estar un tiempo en la cárcel y tras abandonar la prisión tenían que presentarse ante el Juzgado cada cierto tiempo.

Parres ha asegurado que tanto la petición de la Fiscalía, que ha basado su petición en razones de "economía procesal", como la decisión del Juzgado instructor, son "lógicas" entendiendo que, en concreto, las "pruebas que había contra su cliente, Radko, se han esfumado".

Según Parres, no hay pruebas de ADN, las conversaciones telefónicas están mal traducidas y de acuerdo a la investigación, el posicionamiento de los teléfonos no sitúa a los investigados cerca del lugar del suceso.