El Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara ha llevado a Pleno una moción en la que insta al Gobierno regional a garantizar la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Azuqueca de Henares. En este sentido, ha incidido en que el nuevo pliego de condiciones del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre, cuya licitación está en curso, discrimina a Guadalajara con respecto al resto de provincias de la región, sobre todo y tal y como han denunciado sindicatos como UGT, en lo que respecta a la dotación de ambulancias. Dicha moción ha sido aprobada con los votos a favor del Grupo Popular, de Ahora Guadalajara y de la diputada no adscrita, recibiendo el voto en contra del Grupo Socialista que se opone, una vez más, a pedir este recurso sanitario tan necesario en la zona del Corredor del Henares.

 

Examinado el pliego se comprueba como Azuqueca de Henares es la localidad que se ve discriminada en mayor medida, ya que el mismo no contempla un recurso hasta ahora existente en el municipio, la ambulancia de Soporte Vital Básico.  Si hasta ahora Azuqueca contaba con una UVI Móvil y una ambulancia de SVB, con el nuevo pliego tan solo se garantiza la primera, recurso que hay que recordar se estableció en el año 2012, tras comprobar el anterior Gobierno regional que era el único municipio de la región con más de 30.000 habitantes que no disponía de este servicio.

 

Desde que se tuvo conocimiento de la supresión de este recurso se pidió al Gobierno regional que modificase el pliego de condiciones y garantizase el mantenimiento de la ambulancia de SVB en Azuqueca de Henares, incrementándose en uno los SVB asignados a Guadalajara para dar una adecuada dotación a la provincia, en general, y al Corredor del Henares, en particular. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno regional ni ha modificado el pliego de condiciones para hacerlo posible, ni ha garantizado, en consecuencia, que Azuqueca vaya a contar con este recurso asistencial y necesario para el municipio y para toda la provincia. Una actitud que, a juicio del Grupo Popular, junto con otras tantas como la que se mantiene con el Convenio Sanitario con Madrid o con el Hospital de Guadalajara, “es un nuevo ejemplo de que Guadalajara sigue siendo la provincia más discriminada y la peor tratada por el Gobierno de Page”.

 

Presupuestos Generales del Estado y financiación local

 

De otra parte, el Grupo Popular en la Diputación ha pedido al resto de grupos y diputados “responsabilidad para evitar una parálisis institucional y económica”, planteando la necesidad de diálogo y entendimiento, negociación y acuerdos en relación con los Presupuestos Generales del Estado. Sin su aprobación, no se puede mantener la hoja de ruta de los servicios públicos locales; pero, además, sin presupuestos no se puede invertir el superávit municipal, ni incrementar la Oferta de Empleo Público, ni atender, en definitiva, las necesidades de los ciudadanos.

 

Igualmente, en la propuesta presentada se pide impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales, reclamadas durante largo tiempo y, mientras ésta se acuerde, flexibilizar la regla y el techo de gasto, ya que son las entidades locales las administraciones que pueden demostrar una mejor gestión al servicio del ciudadano, especialmente durante los últimos años.

 

Decisiones adoptadas conformes a la legalidad

 

Por otro lado, y en relación con el recurso interpuesto por Julio García, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación provincial en relación con la diputada no adscrita y los acuerdos adoptados por el pleno en sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2017, desde el Grupo Popular se ha insistido en que todos los acuerdos adoptados por el pleno de la Diputación, así como las Propuestas relacionadas con los mismos, se basan en informes jurídicos solicitados al respecto, tanto el de la propuesta inicial adoptada en el pleno de 27 de enero de 2017, como el de la propuesta del pleno celebrado hoy 17 de marzo sobre la desestimación del recurso formulado por el Grupo Socialista.

 

En consecuencia, todas las manifestaciones y declaraciones del Grupo Socialista al respecto no se sostienen en ningún informe jurídico ni norma legal alguna, sino en meros juicios de valor que no se corresponden con la realidad y que sólo tratan de crear confusión donde la misma no existe. Es decir, todas las decisiones adoptadas son conformes a la legalidad y respetuosas con la misma.