El tercer teniente de alcalde y concejal de Transportes de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha respondido este martes a las exigencias de dimisión planteadas por el Comité de Empresa del servicio de autobuses urbanos. El edil ha aclarado que, en ningún momento, atribuyó el fracaso de la licitación exclusivamente a las condiciones salariales de la plantilla, señalando que la negociación colectiva fue solo uno de los múltiples factores, junto a la inflación y las amortizaciones, que restaron atractivo al contrato en el mercado actual. Durante una visita institucional, López Pomeda subrayó que el coste laboral representa aproximadamente el 60 por ciento del contrato y que cualquier actualización legal o pactada será integrada en el futuro documento.

Ante la situación de bloqueo, el Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado una revisión exhaustiva de los parámetros económicos y una actualización de precios para relanzar el concurso con la expectativa de adjudicarlo dentro del presente mandato. Como medida inmediata, el consistorio ha activado un plan de contingencia que incluye el alquiler de dos autobuses para suplir posibles averías en una flota que ya ha superado los diez años de vida útil previstos. El concejal reconoció que la antigüedad de los vehículos es la principal causa de las quejas de los usuarios, una situación que, según afirma, solo se resolverá de forma definitiva con la entrada de la nueva concesionaria.

López Pomeda también ha querido puntualizar que la negociación de las condiciones laborales es una competencia exclusiva entre la empresa ALSA y los sindicatos, recordando que el papel del Gobierno municipal se limitó al de mediador en el acuerdo alcanzado hace un año. El objetivo prioritario del equipo de Ana Guarinos es ahora licitar un contrato que garantice la renovación total de la flota, la instalación de nuevas marquesinas y la implementación de sistemas electrónicos avanzados para mejorar la experiencia del ciudadano en el transporte público de la capital alcarreña.