El Comité de Empresa del servicio de autobuses urbanos de Guadalajara ha solicitado este martes la dimisión inmediata de la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, y del concejal responsable del área de Transportes, Santiago López. Esta petición se produce tras las declaraciones del edil en rueda de prensa, donde atribuyó el hecho de que el concurso de adjudicación del servicio haya quedado desierto, entre otros motivos, a la subida salarial de los trabajadores. En una comparecencia celebrada en las dependencias del Consistorio, los miembros del Comité, acompañados por Paco Sánchez (UGT Castilla-La Mancha) y Javier Olmo (USO Castilla-La Mancha), han expresado su profunda indignación ante lo que consideran afirmaciones falsas que ocultan la realidad de un pliego de condiciones técnica y económicamente inviable.

Según denuncian los representantes sindicales, el motivo real por el cual ninguna empresa ha optado a la licitación es que la nueva adjudicataria tendría que asumir una pérdida económica de cinco millones de euros solo en el primer año de contrato. Califican el documento presentado por el Ayuntamiento como ajeno a las necesidades del mercado, señalando que el Consistorio estima el precio de cada autobús en 200.000 euros, cuando el coste real en el sector asciende a los 400.000 euros. Asimismo, desmienten la creación de cinco nuevas líneas de transporte, aclarando que el pliego solo contempla la ampliación de las ya existentes, y critican que se pretenda obligar a la empresa a costear el 50 por ciento de los nuevos vehículos, cuando lo habitual en estas concesiones es que el Ayuntamiento sufrague el 75 por ciento.

En cuanto a la calidad del servicio, el Comité de Empresa sostiene que Guadalajara sufre el peor transporte urbano de toda Castilla-La Mancha y uno de los más caros para el usuario. Denuncian la circulación de autobuses con más de 15 años de antigüedad, unidades sin aire acondicionado ni calefacción, averías constantes y tiempos de espera que alcanzan los 40 minutos para llegar al hospital durante los fines de semana. Respecto a las condiciones laborales, califican la situación de nefasta, advirtiendo que el pliego del Gobierno local no contempla subidas salariales en una década e impone un tope a los sueldos de los conductores para que no superen a los de los empleados municipales. Finalmente, el Comité ha instado a los usuarios a dirigir sus quejas directamente al Ayuntamiento y no a la plantilla, a la que consideran víctima de una gestión política deficiente.