La frase, pronunciada con rotundidad por Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Caminos, Canales y Puertos del Instituto de Ingeniería de España, resume la indignación creciente en la provincia de Guadalajara: "la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), al igual que el resto de confederaciones, está priorizando una ideología ambientalista radical sobre la protección de vidas y bienes al impedir la desbrozación sistemática de ríos y barrancos".

Cerca de 150 ayuntamientos y colectivos de Guadalajara, Madrid, Cuenca y Toledo mantienen una plataforma activa que denuncia la "absoluta inoperancia del organismo". Los alcaldes aseguran que la CHT les veta cualquier intervención preventiva, "dejando que maleza, troncos y ramas acumulados conviertan los cauces en trampas mortales ante la menor avenida", aseguran en un comunicado conjunto.

Una "barbaridad" que multiplica el riesgo

“Es una barbaridad”, sentencia Contreras. “Es necesario que acaben por limpiarse los cauces, que es responsabilidad de la gestión general y de las confederaciones”. La realidad es que la CHT no cumple con esa obligación esencial, "aplicando restricciones que responden más a un dogma ideológico que a criterios técnicos". El resultado: obstrucciones que taponan drenajes y generan ondas devastadoras al reventar.

El ingeniero cita el trágico precedente del camping de Biescas (1996), donde 87 personas perdieron la vida por un mecanismo idéntico. “El agua arrastró malezas, troncos, árboles, y cegaron ese paso. Entonces se levantó  8 metros el agua y, de golpe, reventó”, recuerda. Ese mismo peligro acecha hoy en Guadalajara por la "pasividad" de la Confederación, comentan primeros ediles consultados.

Dirección sin preparación técnica

El fallo es sistémico. "Solo cuatro de los nueve presidentes de confederaciones hidrográficas son ingenieros de caminos", la titulación con competencias reales en la materia, asevera contreras. “Hay puestos que deberían estar reservados a los ingenieros de caminos, porque son los únicos que saben lo que es una presa”, insiste. "La Dirección General del Agua, a través de las confederaciones, subordinada desde hace décadas a políticas medioambientalistas, gasta millones en restaurar riberas y derribar azudes mientras destinan apenas 100.000 euros anuales por presa a mantenimiento efectivo". ilustra.

Los municipios llevan meses exigiendo un encuentro directo con la presidencia de la CHT sin recibir respuesta adecuada. Así aseguran fuentes consultadas. "Nos sentimos ninguneados por un organismo que, en la práctica, nos impide defender a nuestros vecinos ante un cambio climático que intensifica las DANAs", señalan.