Numerosos pueblos de la provincia de Guadalajara, en su mayoría con menos de 50 vecinos, están trabajando en varios frentes al objeto de evitar las numerosas sanciones que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) viene imponiendo desde hace años a estos pequeños municipios cuya media de habitantes no supera el medio centenar y que consideran “injustas”. Los ediles consultados advierten de círculos viciosos que derivan en elevadas sanciones difícilmente asumibles por sus arcas municipales. Para evitar todas estas incidencias se está gestando “un movimiento apolítico, por el pueblo al ser un bien común que no es propiedad de nadie”, asegura un edil. Sienten que los pequeños pueblos son los que vigilan y mantienen el entorno natural desde hace siglos y se les están quitando derechos. “Luchas, te sancionan, te ningunean y te amenazan”, afirma uno de ellos. “Legislan desde los despachos, sin poner los pies en la tierra”, prosigue en referencia, entre otras restricciones, a la estricta normativa para actuar en los cauces sin licencia, la tardanza en concederlas y la falta de asunción de competencias.

Limpieza de cauces 
Un alcalde de la Campiña, el de Taragudo, José del Molino,  recuerda que la carencia de desbroce causó que en 2020 su pueblo tuviera una inundación. “No vino nadie”, lamenta. El arroyo saltó por encima de la carretera. “Menos mal que al estar el municipio en cuesta se fue”, suspira aliviado. 

Zona de regadío en el camino de Taragudo. Al fondo, la localidad de Hita. 

Son varios los problemas que acarrea a los núcleos la difícil gestión de unos  cauces muy controlados por la CHT. Por un lado está el asunto de los vertidos de aguas residuales a ríos y arroyos. Los municipios con población inferior a 2.000 habitantes no tienen la competencia atribuida para el establecimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales, según sentencia del TSJCLM y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Supremo, de octubre de 2024. Sin embargo se ven abocados a elevadas sanciones, derivadas en su mayoría del colapso de los colectores que las vierten a los cauces. Sin embargo, “por un lado, todos los años pasan a cobrar un canon de control de vertidos y, por otro, nos llegan multas por verter esos residuos”, confirman algunos regidores.
    

En su caso, cuando se autoriza a los consistorios a la reparación de colectores y la devolución del entorno a su situación previa, estos se encuentran con que el método a utilizar requiere un trabajo minucioso y casi manual que es supervisado muy de cerca por la Confederación, hasta tal punto que si ésta considera que no se han realizado conforme a las pautas normativas, procede a la apertura de un expediente sancionador.
    

Por otro se encuentra el asunto del abastecimiento. Algunos ediles consultados refieren sanciones por captaciones de agua potable de los ríos sin previo análisis bioquímico. Sucede que los pueblos no tienen ni medios materiales ni económicos para realizar los trámites preceptivos.
 

Así quedó el Arroyo de la Vega, a su paso por Saelices de la Sal, tras la dana de octubre. 

Por último está el tan manido problema de la limpieza de cauces. La CHT en pocas ocasiones acomete tal tarea, aseguran. Ellos deben de pedir la licencia correspondiente para realizar los trabajos, pero el problema es el mismo, la falta de medios que, en ocasiones, causa la incorrecta actuación y que deriva en más multas, y, a corto, medio o largo plazo, en inundaciones, debido a la falta de desbroce. 
    Ante esta situación, los primeros ediles están desarrollando varias gestiones. Entre otras, se encuentran en permanente contacto al objeto de crear una plataforma “apolítica”, según señala el alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, y el de Albendiego, Mario Javier Gallego. Está conformada por numerosos localidades, muchas de ellas del Valle del Henares y la Sierra Norte, pero que no excluye la incorporación de los de la comarca de Molina-Alto Tajo. 
    

Estos municipios están llevando a cabo reuniones con diversas instituciones con un doble objetivo: Primero, que se financien y sufraguen planes de depuración para la implantación de depuradoras dimensionadas a la población de cada municipio y verter de este modo correctamente las aguas residuales a los ríos, evitando así las multas de la CHT. Segundo, que se exija a la Confederación una mayor agilidad a la hora de otorgar las licencias. Tercero, que asuma directamente la función de ejecutar unos trabajos de desbroce y adecuación de cauces que, en la mayoría de los casos, resulta inasumible por su elevado coste para los pequeños ayuntamientos. 

Estado actual en el que se encuentra uno de los arroyos que pasa por la localidad de Jirueque. 

El alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, pide a la CHT que sea un organismo “más cercano, comprenda y comparta los problemas de nuestros pueblos”. Jirueque tiene 47 habitantes y tiene un expediente de sanción abierto por valor de 2.600 euros. “Lo único que se hizo fue limpiar el cauce del arroyo; durante los trabajos de limpieza se dañó la tubería y se procedió a cambiarla para evitar contaminación y salvaguardar la higiene y salud pública”. Si el ayuntamiento hubiera esperado a la licencia de la Confederación, “entonces sí se podrían haber ocasionado daños mayores”. El alcalde de Jirueque recalca que “aunque la propia Confederación reconoce que no hay daños y que se ha repuesto la zona a su situación anterior”, les ha abierto un expediente con una sanción “que puede parecer una cantidad menor, pero para Jirueque supone el 10% de nuestro presupuesto”, recuerda.  Asegura que “llevamos meses tratando de comunicarnos con alguien de la CHT con quien poder hablar sobre este asunto, enviando escritos sin obtener contestación”.
“Afán recaudatorio”

Una muestra del “supuesto afán recaudatorio” está en el hecho de que la CHT también está imponiendo elevadas sanciones a las localidades que no depuran aguas residuales. Habla de un “menosprecio absoluto” de este organismo “que no es aislado”. 

El río Bornova, a su paso por el municipio serrano de Albendiego.

En Albendiego, pueblo de 45 habitantes, el organismo de cuenca les multó en 2023 con 1.200 euros alegando que el ayuntamiento, durante la limpieza, sacó unas piedras del fondo del cauce y que para ello no tenían permiso. El alcalde, Mario Javier Gallego, señala que el colector principal colapsó por el incremento poblacional del verano. “La Confederación nos dio permiso para la limpieza manual, sin máquinas”, explica. Una vez concluidos “nos sancionaron por la extracción de unas piedras que procedían de fuera del curso fluvial”. 
    

En 2020, la CHT impuso al ayuntamiento de Albendiego una sanción de unos 6.000 euros derivada de dos captaciones de agua de boca desde los arroyos del Seño y Batán, sin el correspondiente análisis de las aguas, una captación que lleva décadas realizada, recuerda el primer edil de la localidad serrana. 

Zona de regadío en el camino de Taragudo. Al fondo, la localidad de Hita. 

Hay otro, el de Taragudo, al que la CHT contesta ante la petición de su ayuntamiento para limpiar los cauces que “no es responsabilidad de ellos por ser urbano y que lo haga el ayuntamiento con sus propios medios, pero pidiéndoles autorización”. El alcalde de Taragudo, José del Molino, solicitó a la CHT en 2020 permiso para la adecuación del cauce, a raíz de una tormenta. “Me contestaron tres  meses después que la parte urbana la tenía que limpiar yo por mi cuenta”, critica. 
 

Para la otra parte del cauce la Confederación envió a un técnico que confirmó que el deterioro fue tal que desapareció el cauce, tapado por la maleza y tierras desplazadas. “Entonces yo le dije que la parte que a ellos les correspondía, que la limpiasen ellos, y que yo, la parte urbana, no tenía dinero para poderlo hacer, pero que la competencia es de ellos ya sea urbana o no sea”. Y añade: “Todavía no han hecho ninguna actuación”. Y sucede que “cuando caen dos gotas más de lo normal, se desborda, con las consecuencias que genera”. 
    

Al Consistorio la CHT le impuso una sanción de 2.000 euros por un vertido de aguas residuales procedentes de las viviendas. “Ellos nos cobran ya un canon, que no es mucho dinero, pero sin embargo te sancionan porque dicen que no estabas autorizado”, alega. Lo mismo sucede en Orea. Su alcalde, Rodrigo Calvo, ilustra que “una multa de 2.000 euros al año por no tener depuradora puede suponer para un Ayuntamiento de nuestro entorno a un 4-5% de su presupuesto anual, este dato en términos relativos es una barbaridad, ya que puede condicionar actuaciones importantes y necesarias en nuestras localidades”. 

Inmediaciones del rio Cabrillas a su paso por la fuente del Enebral, en Orea.

Por eso pide que  “el dinero que se recauda con las multas impuestas vaya a garantizar las actuaciones necesarias para la construcción y mantenimiento de las propias depuradoras”.  Además, prosigue, “los ayuntamientos de nuestro tamaño no tenemos ningún tipo de posibilidad de pagar la construcción de una depuradora y su consiguiente mantenimiento, ya que no podemos ni siquiera endeudarnos para pagar sumas que superen nuestros presupuestos, es decir, cantidades irrisorias respecto al común de las obras que tenemos que emprender muchos ayuntamientos”. Y concluye: “Por eso pedimos solidaridad entre las administraciones públicas para poder hacer cumplir las propias normativas que han establecido.
 

Despoblación
Las palabras que pronjunció el alcalde de La Loma tras la dana de octubre son muy representativas del sentimiento general de los regidores: “Aquí la especie que está en peligro de extinción es la humana, porque somos en cada pueblo tres, luego dicen que se quieren mantener”, lamenta  Severino Sotoca. Él recuerda la antigua usanza: “Lo hacíamos, cuando se podía, pala en mano y teníamos los ríos limpios; ahora que me diga un señor que es malo limpiar los ríos…”. 

La Loma está al fondo de un valle, el de los Milagros, muy conocido desgraciadamente ya que desde allí se inició el incendio que asoló en julio de 2005 13.000 hectáreas, desde el que se precipitó el pasadó 30 de octubre una brutal cantidad de agua procedente de los pinares del Ducado. “Yo tengo 66 años y nunca he visto ninguna avenida parecida”, asegura Severino Sotoca, alcalde en funciones. Sucede tras otras dos que tuvieron lugar en septiembre. “El río –conocido como barranco de Las Piedras- no lleva ningún mantenimiento, la CHT no hace nada más que multarte si puede y recaudar dinero”, critica.

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