Una campaña de recogida de firmas lanzada en Change.org ha reunido en solo dos días más de 2.200 apoyos en defensa de una menor de cuatro años que podría ser obligada a dejar su hogar en Sigüenza (Guadalajara) antes del 31 de julio. La iniciativa, impulsada por su tía, busca frenar la ejecución de una sentencia judicial que ordena la entrega de la niña a su padre biológico, a quien apenas conoce.

Desde el fallecimiento de su madre en un atropello en 2023, la menor vive con su familia materna —su abuelo, su hermano mayor y sus tías— en la localidad alcarreña. Asiste al colegio, tiene amigos y, según los informes de los servicios sociales de Castilla-La Mancha, crece en un entorno “estable e integrado”.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Arenys de Mar (Barcelona), cuyo auto está firmado por la jueza P. B. V., ha ordenado el cumplimiento de una resolución que otorga la custodia al progenitor, D. A. S., reconocido legalmente como tal tras la muerte de la madre. La decisión contempla un régimen de visitas progresivas, con encuentros supervisados en un punto de encuentro de Guadalajara y posibilidad de contacto telefónico.

La familia denuncia, sin embargo, que ese régimen no se ha cumplido. Según la tía de la menor, Sara Cabra, de las nueve visitas previstas, solo se ha producido una. “Mi hermana denunció a este hombre por malos tratos y obtuvo una orden de alejamiento. ¿Cómo se puede entregar a una niña que ni lo conoce ni lo quiere ver?”, se pregunta.

Una de las denuncias fue registrada por los Mossos d’Esquadra en abril de 2022. En ella constan acusaciones de insultos, amenazas, vigilancia, consumo habitual de alcohol y drogas, además de partes médicos que documentan lesiones. La familia asegura estar recopilando toda la documentación judicial y médica relativa al caso.

La menor, según relatan sus allegados, manifiesta episodios de angustia cuando se menciona la posibilidad de separarse de su entorno. “Tiene una vida hecha aquí, una rutina, una escuela, una familia que la cuida. ¿Por qué arrancarla de todo eso?”, plantea su tía.

La familia ha solicitado la suspensión cautelar de la ejecución judicial y pide que se revise el expediente a la luz de los informes y antecedentes existentes. Mientras esperan una respuesta judicial, apelan al apoyo ciudadano e institucional. “La fe es lo último que se pierde”, concluye Cabra.