Cinco ciudades españolas inician una oleada de manifestaciones por el acceso a una vivienda digna
Una nueva campaña de movilizaciones sociales arranca este fin de semana en cinco capitales del país bajo la convocatoria de las delegaciones locales del Sindicato de Inquilinas y diversas agrupaciones vecinales. Las protestas, que exigen medidas contundentes para garantizar el derecho a un techo asequible y frenar la escalada de los precios residenciales, tendrán su primera cita este sábado, 23 de mayo, en la ciudad de Guadalajara, para continuar durante la jornada del domingo en Madrid, Badajoz, Teruel y Zaragoza.
Las organizaciones convocantes han unificado sus reclamaciones en todo el territorio nacional bajo el lema general 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios'. La jornada inicial de protestas en Guadalajara abrirá un extenso calendario de convocatorias sectoriales coordinadas que se prolongará hasta finales del mes de próxmo junio, con actos de protesta programados de forma sucesiva en ciudades como Burgos, Vigo, Valencia, Alicante o Cádiz, entre otras localidades de la geografía española.
Las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han emitido un comunicado conjunto para respaldar las movilizaciones y han realizado un llamamiento explícito a la clase trabajadora para acudir a las marchas. Los secretarios generales de ambas centrales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han confirmado su asistencia presencial a la gran concentración de la capital madrileña, donde denunciarán que el encarecimiento de los inmuebles se ha consolidado como uno de los factores determinantes de la exclusión social en España.
Los colectivos sociales y los representantes laborales coinciden en exigir de forma urgente la implantación de un límite legal a las rentas del arrendamiento residencial, con el objetivo técnico de que las mensualidades del alquiler no sobrepasen bajo ningún concepto el umbral máximo del 30% de los ingresos totales de cada núcleo familiar. Asimismo, solicitan una reforma estructural del mercado hipotecario que proteja a los compradores ante los tipos de interés vigentes y reclaman una regulación estricta sobre la actividad de los fondos de inversión y los grandes tenedores inmobiliarios para mitigar las dinámicas de especulación que tensionan los barrios urbanos.
