La directora general del Agua, María Dolores Pascual, ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no aplicará las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos pendientes, lo que ha generado una fuerte reacción en Castilla-La Mancha.

Durante el acto del centenario de la Confederación Hidrográfica del Segura, Pascual defendió la necesidad de establecer un “régimen jurídicamente estable y equilibrado” y señaló que la Confederación Hidrográfica del Tajo busca alternativas para justificar ante la Comisión Europea que no habrá deterioro adicional en la cuenca receptora.

En la región, la decisión se interpreta como un aplazamiento innecesario que desoye seis sentencias previas del Supremo que obligan a implantar caudales ecológicos completos y no escalonados en tramos protegidos de la Red Natura 2000, como el que va desde Bolarque hasta Valdecañas.

Mientras las normas antiguas permanecen en vigor, el pasado 15 de enero de 2026 se autorizó un trasvase de 81 hectómetros cúbicos para los primeros tres meses del año, lo que ha reforzado las críticas en la comunidad.

El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, respondió directamente a la directora general con un mensaje contundente: “Dejen de buscar excusas y actúen de una vez”, denunciando el continuo esquilmamiento de Entrepeñas y sus efectos sobre el turismo y la economía locales.

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha alertado de un “colapso del sistema” por los trasvases automáticos con reglas caducadas, que agotan los embalses de cabecera y malgastan cualquier avance en la recuperación hídrica.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ultima la presentación de una demanda contra el Gobierno central para exigir la aplicación inmediata de las nuevas normas, prevista para febrero de 2026.

Plataformas ecologistas y asociaciones en defensa del río Tajo coinciden en que el retraso favorece a los regantes del Levante, mantiene un modelo insostenible y agrava los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.