El mundo rural de Guadalajara ha dicho "basta". En una reunión clave celebrada el pasado viernes, alcaldes y asociaciones, con el firme apoyo de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), alzaron la voz para exigir un diálogo directo con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). La gota que colmó el vaso: sanciones desproporcionadas, falta de mantenimiento de cauces y una gestión que, según denuncian, "asfixia" a los pequeños municipios.

Bajo el paraguas del Manifiesto de Jirueque, los pueblos de la provincia han unificado sus demandas, hartos de lo que consideran un trato injusto por parte de la CHT. Juan José Laso, presidente de APAG, lleva muchos años pidiendo lo mismo, la limpieza, mantenimiento y gestión de los cauces por parte de la CHT y declara que "el mundo rural ha despertado de una vez por todas frente a estas políticas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que perjudican, limitan e ignoran a nuestra provincia, haciendo caso omiso a nuestras legítimas peticiones".

Municipios como Jirueque, con apenas 47 habitantes, enfrentan multas de hasta 2.600 euros por incumplimientos que, según denuncian, son imposibles de evitar sin recursos. La falta de depuradoras adaptadas a su tamaño, la lentitud en la concesión de licencias y el abandono de los cauces por parte de la CHT son algunos de los problemas que ahogan a estas localidades. "Nos sancionan por no tener medios, pero no nos dan soluciones", lamenta Juan Antonio Sanz, alcalde de Jirueque. La reunión, celebrada con la subdelegada del Gobierno, sirvió para visibilizar un movimiento que se define como "apolítico" y centrado en el bien común. Los alcaldes reclaman medidas concretas: financiación para depuradoras, agilidad en licencias y que la CHT asuma la limpieza de cauces, una tarea inasumible para ayuntamientos con presupuestos mínimos.

La falta de mantenimiento, además, ha provocado inundaciones en el pasado, como las de Taragudo en 2020, dejando a los pueblos en una situación de vulnerabilidad.

Abastecimiento de agua: otro frente abierto

A las sanciones por vertidos se suma el drama del abastecimiento de agua potable. Muchos municipios carecen de captaciones analizadas, lo que también genera multas. "Nos piden cumplir normativas, pero no nos dan los medios para hacerlo", denuncian los ediles, que sienten que su esfuerzo por conservar el entorno natural es ignorado por un organismo que ven lejano y desentendido.