
La Sierra Norte no quiere una mina de oro
La solicitud de tres permisos mineros en la Sierra Norte de Guadalajara, que abarcan unas 15.000 hectáreas y afectan a una veintena de municipios, ha generado una fuerte oposición vecinal e institucional. El proyecto, impulsado por la empresa Oroberia Recursos S.L., prevé una inversión de 3,5 millones de euros en tres años para evaluar la viabilidad de un yacimiento de oro.
El temor de los alcaldes
Los responsables municipales coinciden en el rechazo.
La alcaldesa de San Andrés del Congosto, Concepción Trujillo, advierte que tendría un “enorme impacto medioambiental, en flora, fauna, fuentes, patrimonio locales y la Red Natura 2000”.
En Pinilla de Jadraque, su alcalde, Laureano Magro, sostiene: “Si lo hacen a cielo abierto, destrozan toda la naturaleza. Si no lo paramos antes, después va a ser mucho peor”.
Desde Medranda, Ramiro Magro insiste en frenar el plan: “Nuestra idea es que no queremos ni que empiecen. Si avanza la investigación y hay rentabilidad, lo tendríamos oscuro”. El regidor alerta también de riesgos sobre manantiales y patrimonio cultural.
Tres proyectos: GUA, DALA y JARA
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GUA, el más avanzado, abarca 2.800 hectáreas, con un presupuesto de 1,2 millones y 10 kilómetros de cauces afectados. Vecinos de San Andrés, La Toba, Pinilla y Medranda han presentado alegaciones conjuntas.
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DALA, en fase de información pública, se extiende por municipios como Hiendelaencina, Atienza o La Bodera y afecta a 8 kilómetros de cauces. Asociaciones culturales y ganaderas denuncian la pérdida de viabilidad del sector primario.
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JARA, el más extenso, contempla más de 250 cuadrículas mineras, una inversión de 2 millones y 22 kilómetros de cauces afectados. Coincide con hábitats comunitarios y el embalse de Alcorlo, lo que según Ecologistas en Acción es incompatible con la normativa.
Riesgos ambientales y legales
Los opositores señalan que una eventual explotación a cielo abierto supondría movimientos masivos de tierra, balsas de estériles y posible lixiviación con cianuro, con riesgo de Drenaje Ácido de Minas y contaminación de acuíferos. Alegan también incumplimientos en la documentaoacute;n presentada, recordando que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha obliga a denegar permisos con impacto en espacios Red Natura 2000.
El precedente de la mina de Salave (Asturias), rechazada en 2014 por riesgo para el dominio público hidráulico, refuerza su posición. En Castilla-La Mancha, los vecinos recuerdan además victorias como la paralización del fracking en Guadalajara y Soria y del proyecto del ATC nuclear de Villar de Cañas.